En la sala del Teatro Nacional Cervantes, en la noche del 22 de diciembre cuando habitualmente las grandes compañías del mundo, que incluye a la del Teatro Colón bailan versiones diversas de “Cascanueces”, un nutrido grupo de bailarines del Colón ofreció una gala en reclamo de trabajo ante la irrazonable suspensión de la temporada en el teatro.
La sucesión de piezas del repertorio clásico y contemporáneo mostró la tradición de un cuerpo de baile que pese a la falta de trabajo y planificación de actividades, la omisión de concursos de categorías desde hace dieciocho años, sueldos en negro y otros maltratos varios, tiene el nivel de quienes han heredado y cultivan un patrimonio intangible.
Sería injusto hacer nombres porque todos se lucieron y demostraron que tienen talento, técnica y oficio para estar al nivel de las mejores compañías del mundo. Lamentablemente, las autoridades políticas no se han percatado del bien cultural que impiden sea gozado por los habitantes y visitantes de esta ciudad.
Al mediodía del mismo día, la jueza Elena Liberatori realizó una inspección ocular del escenario y salas de ensayo del teatro, en un amparo que ocho integrantes de la compañía con mi patrocinio letrado, iniciaron en reclamo de la dación de tareas que es la obligación básica de todo empleador. Máxime cuando el empleador es un ente público que administra bienes patrimoniales e inmateriales del presupuesto público.
Los jueces se expiden por sus sentencias y los abogados alegamos dentro del marco de un proceso. Sólo quiero señalar el contraste entre la parálisis de un cuerpo artístico ordenada por las autoridades y la posibilidad de ese cuerpo artístico de brindar un espectáculo de gran calidad.
He sostenido en diversas oportunidades que es imprescindible recordar que el teatro no es sólo un edificio con valor arquitectónico e histórico. Es también una fuente de producción cultural única, que tiene en sus cuerpos artísticos estables y en sus talleres técnicos un potencial de creación que no ha sido atendido por las sucesivas administraciones. Muy por el contrario, la ausencia de atención de ese patrimonio intangible ha derivado en multiplicidad de conflictos y en un deficiente provecho de esa potencia latente.
Es una obligación de la sociedad civil requerir por los medios que el sistema establece que los bienes culturales de la ciudad en este caso y también de la Nación, sean preservados y se permita el mayor acceso de la ciudadanía a su goce. La paralización de la actividad del Ballet del Teatro Colón no afecta sólo a sus integrantes, sino a la comunidad entera porque priva del derecho de acceso a la cultura que la Constitución Nacional y la Constitución de Buenos Aires nos aseguran, como también lo hacen los Pactos de Derechos Humanos ratificados por nuestro país y frecuentemente olvidados.
Esperamos que la razonabilidad y la solución por consenso vuelva a ser la herramienta de construcción de una sociedad democrática, que todos los porteños nos merecemos.
Publicado en Tiempo Argentino, enero de 2011.
Pasiones Argentinas 