El Juicio por Jurados

Publicado en La Nación, el pasado 08-10-2011

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Reapertura del Village Recoleta

Publicado en el portal Reporter del Espectáculo, el pasado 23 de julio de 2011

 

 

 

 

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Una inauguración para pensar

 

 

Publicado en la edición del sábado 23 de julio de 2011, del semanario Perfil

 

 

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Una inauguración para pensar

Publicado en el portal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el pasado 25 de julio de 2011

 

 

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Una inauguración para pensar

El lunes 18 de julio se realizó la inauguración oficial de las salas Village de Recoleta. Luego de un prolongado período de cierre, el complejo que convocó multitudes desde finales de la década del noventa reabrió nuevamente diez salas del subsuelo con una variada oferta cinematográfica. Si bien el hecho es auspicioso, surge como un símbolo para recordarnos la desaparición de todo un circuito de exhibición cinematográfico, hoy –en la mayoría de los casos–, definitivamente perdido. El corredor de exhibición que se extendía sobre Santa Fe y Callao ha cerrado la última de sus salas, el Atlas Santa Fe, hace aproximadamente un mes, mientras el Atlas Recoleta sólo exhibe en forma esporádica y tanto el Patio Bullrich como el complejo reinaugurado tienen menos salas que diez años atrás. Esto indica no sólo la merma de espacios para disfrutar del cine en sala, sino también de la diversidad de la oferta porque la cinematografía nacional y la que “no es Hollywood” tienen menos pantallas para llegar al público en óptimas condiciones de exhibición.

El problema no puede analizarse desde un solo ángulo. Múltiples motivos producen que en una ciudad y un país que se han caracterizado por ser centros cinematográficos hayan padecido una caída en su cantidad de salas y en la diversidad de obras en exhibición. Sin duda que el que más del 50% de la población viva en situación de pobreza –según lo indican consultoras afines al Gobierno nacional– no es un dato menor para concluir que muy poca población tiene remanente para el ocio creativo y que la concurrencia al cine no está dentro de los hábitos a los que pueda aspirar.

Además de esta dramática situación socioeconómica, la reproducción hogareña de las obras audiovisuales también contribuye a que el sector con volumen de ingresos para pagar el precio de la entrada prefiera sustituir el hábito social de ver una película en sala por la solitaria reproducción de las obras de interés. Creo que un país que por mandato constitucional fomenta la producción cinematográfica y debe preservar “los espacios audiovisuales” tiene que proponerse una política activa para fomentar el regreso de los espectadores a las salas de cine y educar a través de los múltiples medios con los que cuenta el Estado para formar público crítico, con interés por ver un material diverso. Hay que asumir que la legislación vigente para el fomento cinematográfico es vetusta porque es predigital y sancionada para un sistema de producción, distribución y exhibición de cine que ya no existe. Por consiguiente, la herramienta básica para enfrentar el problema está obsoleta y hay que reemplazarla. La reglamentación de la cuota de pantalla para el cine argentino no resultó idónea para que las obras de nuestros cineastas lograran mayor volumen de espectadores y tampoco se encontraron los mecanismos eficaces para control de su cumplimiento. La sanción de una ley que contemple el fenómeno desde los parámetros del siglo XXI es una discusión que nos debemos si pensamos que la exhibición en sala debe seguir siendo una forma posible de hábito cultural. También, si tenemos la convicción de que la defensa de nuestras propias imágenes es la forma más contemporánea para defender la pluralidad de nuestra cultura y conectarnos con el mundo.

Publicado en la edición del sábado 23 de julio de 2011, en el semanario Perfil

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Reflexiones sobre la forma de gobierno

VICEPRESIDENCIA: DESOBEDIENCIA DEBIDA

 

El sorpresivo voto de Julio Cobos como Presidente del Senado, nos enfrenta con una inusual conducta sostenida en la letra de nuestra casi siempre olvidada constitución. El mandatario elegido por el mismo número de votos que su compañera de fórmula, en uso de las atribuciones concedidas por el art. 57 de la Constitución Nacional votó conforme a su conciencia y a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, expresada desde marzo en espontáneas manifestaciones y encuestas. No estuvo solo. Muchos legisladores de la originaria mayoría oficial en ambas cámaras optaron por igual actitud.
Es importante recordar que en nuestra forma de gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional es ejercido en forma exclusiva por el Presidente de la Nación (art. 87 C.N.) y que el vice-presidente lo acompaña en la fórmula porque es quien tiene vocación de sucederlo, tanto en caso de ausencia temporaria como definitiva. En este último supuesto, debe concluir el período presidencial. Pero en la normalidad institucional, la única función constitucionalmente atribuida al vice es la presidencia del Senado, con voz pero sin voto, salvo en caso de empate.
El vice-presidente no integra el Poder Ejecutivo ni tiene vínculo de subordinación con él, como sí lo tienen el Jefe de Gabinete y los Ministros que son designados y removidos por el Presidente. Por lo tanto, en las excepcionales oportunidades en que puede ejercer su voto en el Senado de la Nación, goza de independencia para expresar su decisión conforme a su criterio.
Estos principios esenciales de nuestra constitución son ignorados por la mayoría de la ciudadanía porque este cuerpo normativo que fue el instrumento legal que permitió establecer y consolidar la unión nacional y darnos décadas de progreso político, social, cultural y económico fue olvidado o brutalmente violado a partir del golpe de estado de 1930, hecho que hundió a nuestro país en progresiva decadencia y que todavía le impide hallar su senda.
Pese a que próximamente se cumplirán veinticinco años de finalizada la última dictadura militar, los principios de obediencia castrenses están presentes en algunas expresiones de nuestra política nacional, como rémora de tantos años de autoritarismo. El hiperpresidencialismo que caracteriza nuestro sistema político y que fue constitucionalmente instaurado después de la reforma de 1994, permite confundir la voluntad del Presidente con la de un comandante que no admite réplica ni confrontación. Se olvidan que las diferentes formas de gobierno reconocen su origen en la teoría de separación de poderes formulada por Montesquieu y Locke en el siglo XVIII y según la cual el gobierno debe ser ejercido por diferentes órganos que asuman funciones diversas pero que recíprocamente se controlen para evitar la caída en la concentración de poder que es el punto de partida de todo sistema autoritario. La lealtad al amo es una virtud de mascotas hogareñas, no de funcionarios públicos electos en sistemas democráticos.
El vice-presidente de la Nación tiene que responder a lo que interprete es el mandato que recibió de sus electores y al bien común que desde su lugar debe custodiar. No está obligado a acatar órdenes para ejercer las funciones propias que la Constitución le otorga ni le es exigible obediencia al Poder Ejecutivo, pues ésta no es constitucionalmente exigible.
Los últimos años de la historia argentina son una continua sucesión de emergencias de diferente naturaleza : económicas, sociales, políticas. Esta continua situación de aguda crisis, pone en crisis hasta su propio concepto, según expresa Umberto Eco. Tal vez por esta ininterrumpida situación hemos eludido la discusión sobre sus causas y, menos aún, el encuentro de soluciones satisfactorias.

El inesperado gesto vice-presidencial puede indicarnos que necesitamos pensar nuevamente nuestra forma de gobierno, el modo de ejercer la autoridad en un estado democrático y la necesidad volver a celebrar un pacto sustentable de convivencia. Porque sólo la calidad de nuestras instituciones nos permitirán elevar la calidad de vida de la población y el goce verdadero de los derechos humanos.

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Diversidad cultural

“DIVERSIDAD: CONVICCION O SLOGAN”

La diversidad cultural es un valor que ha motivado en las dos últimas décadas una nutrida sanción de normas nacionales y diversas declaraciones supranacionales.
El concepto es claro en el orden interno de una comunidad. Alude al respeto por las creencias, hábitos y expresiones estéticas de los diversos grupos que integran la comunidad y que hoy por la migración constante y la carencia de valores absolutos caracterizan la vida de la mayoría de los países. En el orden internacional, se refieren a la defensa de los modos de cada pueblo frente al avance de un modelo cultural hegemónico, que se expande con gran impacto gracias al avance de la tecnología y de las comunicaciones. El mundo global es más homogéneo y elimina ricas diferencias de costumbres y modos expresivos.
Si bien ideológicamente, hay una clara mayoría a favor de este valor, creo que hay que indagar si se ha convertido en una convicción o es una superficial forma de lo que se denomina “el pensamiento político correcto”.
Esta última expresión que parece ingenua, encierra dos conceptos muy peligrosos para la una democracia auténtica y contemporánea. Por un lado, expresa que debe haber una visión única de la realidad y, por consiguiente, contraria a la pluralidad de expresión que es el signo indeleble de la organización democrática de una sociedad. Por otro, se acerca a un frívolo “slogan”, a una afirmación superficial que no es acompañada de una aceptación auténtica de la diferencia.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con muy acertado criterio ha consagrado en su art. 11 el “derecho a la diferencia”. Este derecho no se restringe al pensamiento político o a la creencia religiosa, sino que acompaña todos los modos y opiniones que una persona puede tener acerca de los más variados temas y las decisiones que puede tomar respecto de su conducta, siempre que no agreda derechos de terceros.
Pese a que la norma ya tiene catorce años de vigencia y que Buenos Aires se ha convertido cada vez con más nitidez en un territorio habitado por la suma de grupos diversos (por nacionalidad, religión, orientación sexual, organización familiar, formas de vestido o hábitos gastronómicos), vemos que aún persiste fuertes hábitos discriminatorios expresados con mayor contundencia en el lenguaje.
El Estado no ha logrado sancionar una legislación eficiente para que la diversidad aceptada en el discurso por la mayoría de la ciudadanía, se encarne en una profunda aceptación de la diferencia en su manifestación contemporánea y en su relato histórico.
Lo que alarma es lo distinto, afirmaba Manuel Puig hace ya casi tres décadas y esa alarma está entre nosotros, a pesar de las inconsistentes declaraciones de aceptación que solemos oír en los discursos armados, contradecidos por las continuas muestras de intolerancia que observamos diariamente.

Artículo publicado en la Revista Gazpacho del CCEBA

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Invitación: «Instituciones y Cultura Democrática en la Argentina del Siglo XXI»

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Acceso a la Cultura. Obligaciones

En la publicación efectuada por el Complejo Teatral Buenos Aires, destacan un concepto que expresé en la mesa para la cual fuí convocado respecto de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la cultura. Expresé que cuando un Estado decide destinar fondos públicos a una actividad artística, cuando decide tener teatros oficiales, no puede desentenderse de la misión social que le impone esa decisión: que la mayor cantidad de gente tenga acceso a esa actividad y vea transformada su vida por el acceso a la actividad artística. La política cultural pública debe atender al mejoramiento permanente de la calidad de vida y a la construcción de ciudadanía.

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La etapa «tribunalicia» del Teatro Colón

Publicado en la edición gráfica del semanario Diario Z, el jueves 17-03-2011

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