Miedo a la Diferencia y Goce de los Derechos

Lo distinto es lo que alarma, afirmaba hace casi tres décadas Manuel Puig en la Universidad de Götinge y semejante afirmación se nos hace evidente al ver el interés mediático en seguir la cuenta (aqui, aqui, aqui y en todos estos).

El reconocimiento del Estado argentino a través de una ley de su Congreso Nacional, que elimine el miedo a la diferencia y permita el goce de derechos a sus habitantes, es una auspiciosa medida de madurez política.

La reivindicación del nombre «matrimonio» (ese mismo y no otro) se enmarca en una lucha por eliminar toda diferencia que pueda provenir desde el lenguaje y esto ha caracterizado también, en otros ámbitos, los reclamos de las minorías. La concesión del derecho a voto a las mujeres, sin ir más lejos, también ocasionó disputas vinculadas a la denominación del derecho.

Estimo necesario pronunciarse a favor de la concesión de este derecho, con nombre y todo («matrimonio») en defensa de la abolición de la discriminación tanto dentro de nuestra legislación, como en nuestro lenguaje.

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Entrevista – Programa «La Otra Agenda», Cadena Eco, 22-04-2010

Les comparto una entrevista que me hizo, en el día de ayer, Carlos Clerici en su programa. La misma versa sobre algunos temas institucionales de peso en la agenda política.

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“Familia, matrimonio y diversidades. Planteos actuales”

En el día de ayer tuvo lugar una conferencia en la Facultad de Derecho (UBA) con el auspicio del INADI, titulada: «Familia, Matrimonio y Diversidad. Planteos Actuales». De la misma participó el Dr. Néstor Solari, el Dr. Pablo Rosales, la Dra. Laura Clerico, el Dr. Hernán Gullco, la Dra. Graciela Medina, el Dr. Daniel Sabsay y yo.

Algunos de los puntos críticos de mi disertación los pueden ver en la siguiente filmación:

Parte 1

Parte 2

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¿Un Centro de Producción Cultural o una «Capilla Ardiente» con empleados freelance?

Sondeando por internet, encontré algunas fotos relativas al proceso de restauración del Teatro Colón que me gustaría compartirles (ver aquí) y que ponen en evidencia algo que sostuve en otro lado (ver aqui o aqui) -si bien es cierto que desconozco el grado de actualidad de las mismas-, ilustran el siguiente punto:  se hace imperioso debatir qué Teatro Colón queremos ¿un centro de producción cultural, con cuerpo estables, inserto en la dinámica y el pulso de la Ciudad o una capilla ardiente con talleres y artistas “freelance”?

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Entrevista – Programa “La Mañana”, Radio Continental

Entrevista realizada por Víctor Hugo Morales a José Miguel Onaindia en el Programa «La Mañana», en Radio Continental (En caso de no poder oírla directamente desde este blog, haga click aquí).

http://www.continental.com.ar/oir.aspx?id=974299

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Fallo a favor de 44 miembros del Ballet Estable del Teatro Colón

En los últimos días seis Juzgados de la Ciudad Autónoma dictaron medidas precautorias a favor de los 44  bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón intimados a jubilarse, pese la ausencia de un régimen especial que permita legítimamente hacerlo. Desde 1994 con el traspaso del sistema jubilatorio de la ciudad a la Nación, quedó suspendido el régimen diferencial del que gozaba ese cuerpo estable y aún no se ha reparado esa falencia.

Algún detalle más he brindado aqui.

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Columna de Opinión – Oportunidad para Nuevos Mecenas

La legislación cultural en la Argentina adolece de vetustez. No sólo por el tiempo transcurrido desde su sanción, sino porque no ha incorporado los nuevos fenómenos sociales y tecnológicos que transformaron los modos de creación artística y la posibilidad de su difusión. Tampoco incluyen en sus disposiciones la regulación de un derecho humano fundamental, el acceso a la cultura, severamente dañado por la decadencia económica y educativa que afecta a nuestra sociedad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sancionado hace ya dos años un nuevo instrumento que moderniza la relación entre los ciudadanos y la actividad cultural. Además, de mantener los subsidios directos que otorga a diferentes ramas del artes, a partir de su aplicación permitirá que todo habitante de la ciudad –empresa o persona- que esté obligada al pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos pueda aplicar un porcentaje de ese pago al apoyo de la investigación, capacitación, difusión, creación y producción en las diferentes ramas del arte y la cultura, que incluyen sus formas más actuales como el diseño, el arte digital o los sitios de Internet con contenido artístico y cultural.

De esta manera el contribuyente, le otorga destino cierto a un porcentaje del pago de su impuesto y permite el desarrollo de la actividad cultural, no sólo desde la producción o creación sino también en la formación de sus hacedores y en la relación con la comunidad. Este cuerpo normativo atiende así también la relación entre el creador y la población, dado que permite que esta forma de fomento se aplique a la difusión. El contribuyente también puede obtener el beneficio de relacionar su imagen o la de sus productos al proyecto cultural que asistan, asumiendo así el carácter de “patrocinadores”. En este caso sólo el 50% de los financiamientos efectuados por los “patrocinadores” serán considerados como pago a cuenta del mencionado impuesto. En cambio, quien no relaciona su imagen con el proyecto, se denomina “benefactor” y puede aplicar hasta el 100% del monto que destine a su contribución.

El sistema es sencillo para su aplicación y tiene como gran innovación la posibilidad de que un nuevo grupo de personas no acostumbradas a estas formas de promoción de las artes y la cultura se sumen a esta actividad, pues no sólo los grandes contribuyentes podrán realizar esta acción de “mecenazgo”, sino que los medianos y pequeños contribuyentes pueden sumar su esfuerzo al desarrollo de las artes y la cultura en la ciudad. Así la actividad de la promoción de las artes se democratiza y permite que sea ejercida por aquellos que antes no contaban dentro de sus posibilidades de acción social, la de contribuir al desarrollo de la actividad cultural.

El arte y la cultura no sólo están destinadas a quienes la practican o estudian, sino que son un elemento transformador de la realidad social, que ayuda al desarrollo humano y a la creación de ciudadanía. La aplicación de este nuevo instrumento, no sólo permitirá mayores fuentes de financiamiento para las actividades culturales sino la formación de nuevos grupos que las fomenten y participen en su creación e impacto social.

Tengo la convicción que en un país con un deteriorado sistema político y un descenso tan brusco del nivel de vida de su población, la mejor docencia que se puede ejercer es la revalorización del trabajo intelectual, en un contexto que no es proclive a su incentivo. Porque sigue vigente la afirmación que Albert Camus•• pronunció hace casi sesenta años sobre la desvalorización de la inteligencia y el triunfo de las “filosofías del instinto y, con ellas, ese romanticismo de mala ley que prefiere sentir a comprender como si ambos pudieran separarse…” En una situación tan dramática para nuestro país, promover el incentivo a la reflexión y a la creación artística es la mejor forma de defender el sistema democrático, porque cuando la “inteligencia se apaga, llega la noche de las dictaduras…”

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Columna de Opinión – Milagros Adversos

“Existen los milagros, pero a veces son adversos”, escribió Silvina Ocampo e Inés Saavedra rescata el texto para su espectáculo “Divagaciones”. La afirmación me recordó el uso que el sustantivo ha tenido para describir acontecimientos de la realidad de nuestro país en las últimas décadas. La situación en que nos encontramos, ratifica la conclusión de la escritora.

Desde 1930, los argentinos fuimos supuestamente beneficiados por milagros políticos, sociales y económicos que derivaron en el estado de postración que en los tres ámbitos caracterizan nuestro presente. Tal vez, la sola apelación al término indique la equivocación de la sociedad y sus analistas para interpretar los hechos que protagoniza. Porque la organización racional que caracteriza a las sociedades democráticas se opone al pensamiento mágico, que espera de la acción sobrehumana la superación de sus males.

La interpretación acertada de nuestro orden constitucional indica que las instituciones políticas nacidas del pacto social que le dio origen, deben responder a los problemas de diversa índole por los que atraviesa la comunidad. Si así no sucede, el sistema ofrece los medios para que la población subsane los errores mediante el ejercicio de sus derechos políticos, enriquecidos en la última reforma constitucional por diversas atribuciones que permiten a los ciudadanos participar activamente en las decisiones de las cuestiones públicas.

La convicción que tales cuestiones se solucionan por obra de la providencia se opone precisamente a los fundamentos de nuestro sistema político y exhibe la fractura aún no subsanada del acuerdo de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. La desconfianza en las instituciones que demuestra nuestra sociedad civil, sólo revela la pérdida del sentido de responsabilidad que caracteriza a la población de una comunidad democrática y la quiebra de un orden que no fue restablecido. La espera del milagro simboliza la renuncia a ejercer los derechos y cumplir los deberes que el sistema reconoce e impone.

La tragedia de Cromagnon y sus muertes evitables, pusieron en evidencia la profunda crisis del sentido de responsabilidad social que atraviesa nuestra comunidad y la necesidad insoslayable de instaurar el respeto estricto del derecho como conducta habitual de gobernantes y gobernados. No se requerían milagros para que los hechos no sucedieran. Sólo el acatamiento de las normas vigentes por autoridades (nacionales y locales), empresarios, asistentes.

Pero este conflicto no es nuevo ni nacional. Paradojalmente, la temporada teatral de entes públicos y privados programada con anterioridad a esos hechos demuestra que este dilema es esencial a la condición humana y con diversas exteriorizaciones se repite cíclicamente en distintas

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Teatro Colón: Lo que no fue

Otro director del Teatro Colón acaba de renunciar a su cargo, luego de una gestión de apenas un año y un mes. Así el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recientemente electo, reitera la historia que se repite desde la creación del sistema autónomo de gobierno (1996). Ninguna dirección ha logrado concretar un plazo razonable ni siquiera alcanzar el tiempo de mandato que la Constitución de la Ciudad otorga a cada Jefe de Gobierno.

Sin embargo, en ese marco de permanente inestabilidad de autoridades se emprendió una obra de refacción controvertida desde diversos sectores, que dejó el teatro cerrado y en estado de alarmante peligro. Pero esto no es un hecho aislado, sino visible porque afecta a uno de los símbolos más sobresalientes del patrimonio cultural de nuestro país que en épocas pasadas contribuyó a su prestigio y respeto internacional.

Pero es imprescindible recordar que el teatro no es sólo un edificio con valor arquitectónico e histórico. Es también una fuente de producción cultural única, que tiene en sus cuerpos artísticos estables y en sus talleres técnicos un potencial de creación que no ha sido atendido por las sucesivas administraciones. Muy por el contrario, la ausencia de atención de ese patrimonio intangible ha derivado en multiplicidad de conflictos y en un deficiente provecho de esa potencia latente.

Pagos de salarios en negro, ausencia de llamados a concurso, falta de legislación de regímenes de trabajo y sistemas jubilatorios específicos, escasa programación, son sólo algunos de los elementos que produjeron conflictos simultáneos que afectaron el cumplimiento de la función específica del teatro. Esta situación no puede analizarse como un hecho aislado, como un drama individual que afecta un miembro del cuerpo social. No. Es un emergente visible de la decadencia institucional, educativa y social que sufre el país desde muchas décadas atrás.

El Teatro Colón fue construido e inaugurado hace poco más de cien años, cuando la Argentina tenía el sueño -y muchos logros que indicaban su realización- de ser un gran país. Progreso económico, escuelas públicas de excelencia, movilidad social, la cercanía del voto secreto y obligatorio, nos convertían en una de las pocas democracias existentes en ese contexto internacional. El teatro y los hechos artísticos que en él se sucedían mostraban la pujanza y el deseo de ser una nación desarrollada, educada e igualitaria, porque mientras en sus plateas y palcos una burguesía culta lucía su sofisticación, en las tertulias y paraíso las capas medias y los inmigrantes pobres disfrutaban de las artes escénicas. Bien lo narró con admirable prosa Manuel Mujica Láinez en “El gran teatro”.

Pero ese país se perdió en los sucesivos desencuentros ocurridos a partir del siniestro golpe de estado de 1930. Los autoritarismos que se turnaron, la destrucción del sistema educativo, la pauperización de grandes sectores de la sociedad arrasaron el ideal y el teatro quedó divorciado de la realidad circundante y restringido a un grupo pequeño de cultores, que en muchos casos carecieron de intención de expandir la actividad artística a sectores más amplios y crear nuevos públicos. Las dirigencias políticas que no tienen la excelencia como meta tampoco lograron darle una nueva significación en otro contexto histórico.

El Colón y su permanente crisis, se convierten así en el símbolo de un sueño incumplido, de un país que no fue.

Publicada en Enero de 2009

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Columna de Opinión – La Cifra Impar

Así llamó Manuel Antín su inteligente y sutil transposición cinematográfica del cuento de Julio Cortázar “Cartas a mamá”. Si bien nuestra realidad institucional carece de esos atributos, el sorpresivo debate planteado sobre el número del miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me evocó el título de esa gran obra.

Porque tal cómo fue planteado, parece que la transparencia y eficacia del máximo tribunal de la Nación dependiera de una decisión aritmética. Nueve, siete, cinco…es sólo una decisión instrumental. La sorpresiva iniciativa de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el día que se promueve su posible candidatura presidencial, no está acompañada de la reflexión y fundamento que un tema tan relevante requiere. Hace reflexionar, entonces, sobre las razones políticas que la condujeron a impulsar el proyecto, una semana después de la aplastante derrota electoral que sufrió el oficialismo en la Provincia de Misiones.

Reducir el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin replantear nuevamente cuál es su rol y su función dentro del sistema institucional, es un acto vacío de contenido efectivo para el estado de derecho y para los intereses del ciudadano. No así para el poder de turno. El problema de la Corte es la desmesurada cantidad de casos que debe conocer y decidir por diferentes cuestiones vinculadas al derecho procesal y a la creación de una jurisprudencia que permitió que el tribunal intervenga en cuestiones de derecho común, ajenas en principio a su competencia.

Si no se reforma la legislación y la interpretación judicial que permite este desborde de casos sometidos a decisión del Tribunal, la modificación del número no cumple función alguna y atenta contra el ciudadano que deberá esperar largos años en obtener la decisión del máximo órgano judicial de la Nación sobre cuestiones atinentes al ejercicio de sus derechos humanos. El caso de la pesificación es un ejemplo que ilustra claramente este perjuicio a la población.

En esta circunstancia política, disminuir el número de miembros de la Corte tiene el mismo sentido que elevarlos a nueve, como lo hizo el gobierno justicialista de Carlos Menem a comienzos de la década del noventa. La reducción de los miembros de la Corte en esta circunstancia tiene dos ventajas evidentes para la actual dirigencia política: reduce la mayoría para tomar una decisión (cuatro votos mientras los ministros sigan siendo siete o seis, tres cuando terminen siendo cinco) y le asegura que si el curso natural de las cosas se cumple, los próximos ministros salientes serían los dos únicos no designados por un gobierno justicialista.

Nada nos indica que el partido gobernante y su dirigencia hayan cambiado su concepto, sostenido desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón, de que la Corte debe ser un instrumento más para ratificar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Muy por el contrario, la acumulación del poder y el desprecio por el pensamiento opositor o solo discrepante, son los signos que mejor distinguen al actual gobierno.

El debate sustancial no gira sobre los signos de una cifra impar, sino sobre el sentido que queremos tenga la cabeza del Poder Judicial de la Nación. O la Corte es como lo fue en la concepción originaria de nuestros constituyentes, un defensor de la Constitución y de los derechos humanos de los habitantes del país o un órgano judicial que legitime las políticas del gobierno de turno. Sólo esto determina la definición de la calidad y cantidad de casos que deba resolver el Tribunal para determinar el número más ajustado para cumplir eficientemente ese rol.

Nada de lo que afirmo constituye una calificación sobre la idoneidad e independencia de los actuales integrantes del Alto Tribunal, sino sólo un análisis de la intención y vacío de cambio efectivo que el proyecto presentado conlleva.

El enorme deterioro del estado de derecho en Argentina, con los brutales daños que produce en la sociedad merecen una reflexión más profunda sobre cada una de las piezas que constituyen su andamiaje institucional. Debemos volver a las fuentes y recordar que “ …Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder ; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperante en la realidad social…” (Ferdinand Lassalle”

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