Falacias en la campaña electoral

Las campañas electorales suelen apelar a aseveraciones publicitarias que encierran, en algunos casos, errores de concepto o consignas fácilmente refutables con hechos del pasado reciente. La actual campaña a Jefe de Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires no escapa a ambos defectos.

En el caso del Frente para la Victoria, el principal lema que quiere comunicarse es “la Nación junto a la ciudad”. Esta afirmación -de contenido semántico ambiguo- es acompañada por la foto de la Presidenta Kirchner y su candidato Daniel Filmus (si bien admite también otras variantes visuales).

Ahora bien: ¿existe alguna otra posibilidad  de quela Naciónno esté “junto” a la ciudad? Para nuestro sistema federal descripto enla Constitución, no. La secesión –independencia  de un territorio local- no es posible y entre Nación y Ciudad Autónoma hay relaciones de coordinación, sin perjuicio de las afinidades políticas de sus gobernantes. Más aún, la autonomía dela Ciudad y la elección de su Jefe de Gobierno fue un reclamo histórico de los porteños que recién pudo plasmarse enla Constituciónde 1994. Precisamente, tendía a que los habitantes de la ciudad tuvieran el mismo derecho que quienes habitan en cualquier otra provincia o municipio del país de elegir sus propios gobernantes, con independencia de gobierno federal.

A este error conceptual, su suma otro dato de la historia reciente. En el segundo año del gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner, cuando Aníbal Ibarra gobernaba la ciudad en su segundo mandato luego de haber sido el candidato del kirchnerismo, se produjo el hecho más doloroso dela Argentinadel siglo XXI: la tragedia de Cromagnon que provocó la muerte de casi doscientas personas. Allí no sólo falló el sistema de control local de los espacios habilitados al público, sino también la acción dela Policíay Bomberos que dependen del gobierno federal. La empatía política entre ambos gobiernos no salvó las fallas de sus organismos que fueron causa eficiente de la tragedia.

Es cierto que este núcleo de la campaña del kirchenerismo en la ciudad se funda  en las quejas constantes del actual Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sobre los ataques del gobierno federal a su gestión y la frustración de muchas de sus promesas electorales por ausencia de colaboración o abierta confrontación, afirmación también falaz porque la habilidad de la política es superar las situaciones desventajosas y lograr objetivos por caminos no previstos en un inicio. No obstante, me parece grave que se proponga a la sociedad como consigna que la única forma de estar “juntos” es la coincidencia y subordinación de la autoridad local a la federal.

Es grave porque es contraria a la práctica democrática de cualquier estado social de derecho contemporáneo. Sin recurrir a ejemplos lejanos geográfica y culturalmente, Montevideo tuvo brillantes gestiones municipales del Frente Amplio bajo gobiernos nacionales de otro signo político. La co-habitación fue tan respetuosa y civilizada que hasta en los comicios donde triunfaba el Partido Colorado en la elección nacional y el Frente Amplio en Montevideo, la ciudad albergó los dos festejos en barrios diversos sin incidente alguno.

La gobernabilidad democrática alberga necesariamente la pluralidad de gobiernos y de ideas, de lo contrario, el pueblo deviene en la única víctima de la  ausencia de compromiso social y convicción democrática  de sus gobernantes.

 

Publicado en Clarín, el pasado martes 05 de julio de 2011.

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Falacias en la campaña electoral de la Ciudad

 

 

 

 

Publicada en Clarín, el martes 05 de julio de 2011.

 

 

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Columna de Opinión – Milagros Adversos

“Existen los milagros, pero a veces son adversos”, escribió Silvina Ocampo e Inés Saavedra rescata el texto para su espectáculo “Divagaciones”. La afirmación me recordó el uso que el sustantivo ha tenido para describir acontecimientos de la realidad de nuestro país en las últimas décadas. La situación en que nos encontramos, ratifica la conclusión de la escritora.

Desde 1930, los argentinos fuimos supuestamente beneficiados por milagros políticos, sociales y económicos que derivaron en el estado de postración que en los tres ámbitos caracterizan nuestro presente. Tal vez, la sola apelación al término indique la equivocación de la sociedad y sus analistas para interpretar los hechos que protagoniza. Porque la organización racional que caracteriza a las sociedades democráticas se opone al pensamiento mágico, que espera de la acción sobrehumana la superación de sus males.

La interpretación acertada de nuestro orden constitucional indica que las instituciones políticas nacidas del pacto social que le dio origen, deben responder a los problemas de diversa índole por los que atraviesa la comunidad. Si así no sucede, el sistema ofrece los medios para que la población subsane los errores mediante el ejercicio de sus derechos políticos, enriquecidos en la última reforma constitucional por diversas atribuciones que permiten a los ciudadanos participar activamente en las decisiones de las cuestiones públicas.

La convicción que tales cuestiones se solucionan por obra de la providencia se opone precisamente a los fundamentos de nuestro sistema político y exhibe la fractura aún no subsanada del acuerdo de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. La desconfianza en las instituciones que demuestra nuestra sociedad civil, sólo revela la pérdida del sentido de responsabilidad que caracteriza a la población de una comunidad democrática y la quiebra de un orden que no fue restablecido. La espera del milagro simboliza la renuncia a ejercer los derechos y cumplir los deberes que el sistema reconoce e impone.

La tragedia de Cromagnon y sus muertes evitables, pusieron en evidencia la profunda crisis del sentido de responsabilidad social que atraviesa nuestra comunidad y la necesidad insoslayable de instaurar el respeto estricto del derecho como conducta habitual de gobernantes y gobernados. No se requerían milagros para que los hechos no sucedieran. Sólo el acatamiento de las normas vigentes por autoridades (nacionales y locales), empresarios, asistentes.

Pero este conflicto no es nuevo ni nacional. Paradojalmente, la temporada teatral de entes públicos y privados programada con anterioridad a esos hechos demuestra que este dilema es esencial a la condición humana y con diversas exteriorizaciones se repite cíclicamente en distintas

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Columna de Opinión – Crímenes sin Castigo

En un nuevo fin de año, nuestro país padeció las consecuencias del persistente colapso de su sistema institucional. Esta vez las cifras demuestran con fría elocuencia la magnitud de la tragedia: ciento noventa y un muertos, centenares de heridos y miles de vidas modificadas para siempre por el dolor y el espanto. La sociedad argentina intenta dilucidar las causas de los hechos y sus responsables.

Para que la trama quede descubierta, es necesario separar las responsabilidades de individuos y funcionarios que con sus acciones u omisiones constituyeron la causa inmediata de los hechos, de la suma de situaciones que permitieron que esos sujetos pudieran provocar un acontecimiento de tan luctuosos resultados. Si queremos arribar a un buen destino, deberemos indagar los matafóricos “crímenes” cometidos repetida y cotidianamente contra el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y la vigencia de su orden jurídico, porque la catástrofe tuvo esa dimensión por el incumplimiento persistente de las normas constitucionales y legales que intentan ordenar nuestra convivencia. Y para esas conductas no ha existido castigo de ninguna índole: ni político, ni social ni penal.

Sólo si rastreamos “el tortuoso camino que condujo hacia el abismo” (Sebreli, Juan José “Crítica de las ideas políticas argentinas”, Editorial Sudamericana, 2003) , podemos advertir, al menos desde la ciencia jurídica, que la resistencia a ordenar las conductas de gobernantes y gobernados a las normas es el hecho que caracteriza con mayor nitidez el comportamiento social de los últimos años de nuestra historia y que ha impedido a nuestro país lograr la armonización de calidad institucional y bienestar general en la forma exigida por una democracia contemporánea.

Si “autoritarismo” fuera un verbo, en Argentina se conjugaría en presente continuo, porque la política se concibe como la práctica de acumular poder en desmedro de la distribución de funciones que nuestra Constitución prevé y se olvida sistemáticamente el concepto de “bien común” para reemplazarlo por la búsqueda de la satisfacción del interés individual o corporativo. La República de Cromagnon se convirtió así en una oscura representación simbólica de esas conductas colectivas, porque en el territorio de la tragedia nadie pensó en el interés de todos y en el cuidado conjunto de sus ocasionales habitantes.

Como señala Alain Touraine, la democracia se debilita cuando los grupos gobernantes se comportan como oligarquías que acumulan recursos políticos y económicos con la finalidad de imponer sus decisiones a los ciudadanos reducidos al papel de electores, y también cuando éstos eligen la violencia y el caos para formular sus reclamos ( “¿Qué es la democracia? ,Fondo de Cultura Económica, 1994)

Creo que es el momento de advertir los múltiples medios que nuestro sistema jurídico ofrece para que la sociedad civil participe en forma más directa en la toma de decisiones e impulse la sanción eficaz de los repetidos “crímenes institucionales” que nos han conducido a tan lamentable situación. Nuestra Constitución Nacional ha incorporado a partir de la reforma de 1994, el mecanismo de la iniciativa legislativa, que si bien fue severamente restringido por la ley 24.747 que reglamenta su ejercicio, es un instrumento idóneo para impulsar la derogación y la reforma de las normas que han alterado sustancialmente la división de funciones entre los diferentes órganos del Estado y han permitido una inusitada concentración de poder en el Ejecutivo. También por esta vía se puede obligar a que el Congreso cumpla con el tratamiento y sanción de las importantes leyes que quedan aún sin tratamiento y resultan indispensables para el saneamiento de la forma de gobierno.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solamente prevé este mecanismo en el orden local, sino que consagra la denominada “acción de revocatoria” para que los ciudadanos impulsen la destitución de los funcionarios electos por sufragio popular que considere hayan incumplido el mandato otorgado a través del voto. Así, la ciudadanía frente a una situación de gravedad puede expresar su voluntad de ratificar o interrumpir el mandato oportunamente otorgado.

La ausencia de docencia cívica y divulgación sobre la existencia y modo de uso de estos mecanismos de participación los han tornado en desconocidos, por una sociedad que ante ese desconocimiento ha elegido mecanismos antisistémicos para expresar sus opiniones y reclamos. La participación política desempeña un papel relevante en el sistema internacional de derechos humanos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos) se consagran explícitamente estos derechos y los tribunales internacionales han expuesto en forma reiterada que el buen funcionamiento del sistema democrático es la garantía genérica del goce de los derechos humanos.

Tal vez sea la hora de recurrir activamente a estas formas de participación ciudadana para evitar que otra vez en Argentina como en el tango, la historia vuelva a repetirse. Porque en la canción vuelven “el mismo amor, la misma lluvia “, pero en el país sólo un “loco afán” por vulnerar el estado de derecho.

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Entrevista – José Miguel Onaindia: «Con instituciones sólidas es posible vivir mejor»

«Francia tuvo tantas crisis en su historia que, en 1958, tuvo que crear la Quinta República. Nunca bajaron los brazos. Nosotros tendríamos que hacer otro tanto y comenzar una nueva etapa», sostiene José Miguel Onaindia.

Su visión no es pesimista en cuanto al futuro, pero cree que más allá de ciertas mejoras económicas, la realidad de hoy es grave. «La tragedia de Cromañón demostró que el Estado, tanto federal como local, no responde y la sociedad no acata el derecho. En realidad, no hay Estado de Derecho porque no hay acatamiento de las normas por parte de gobernantes ni de gobernados. Y el Estado cuenta con dos instrumentos muy peligrosos en materia constitucional: la ley de emergencia y el estado de excepción», reflexiona.

José Miguel Onaindia es abogado, profesor de Derecho Constitucional y director del posgrado Derecho en el Arte y Política Cultural, de la Universidad de Buenos Aires. Fue director del Instituto Nacional de Cinematografía y actualmente, columnista del programa El diario de mañana, del periodista Carlos Clerici. Principalmente, como suele agregar, es «alguien preocupado por los temas institucionales…»

¿Cómo empezó la crisis?

Cuando, en 1912, Roque Sáenz Peña promulgó el voto obligatorio y secreto, que era la gran lucha de la oposición, el radicalismo logró un sistema con capacidad para integrar las distintas corrientes opositoras de la sociedad dentro de un sistema legal. Pero en 1930 se produce el quiebre, cuando una revolución derroca al presidente Yrigoyen; la línea divisoria es muy clara, hay un antes y un después. Lo que había hasta ese momento no era paradisíaco, pero sí un sistema jurídico con suficiente apertura y maleabilidad como para dar respuesta a los problemas sociales dentro de sus normas. Lamentablemente, no nos volvimos a recuperar.

¿Qué ocurre cuando vuelve la democracia?

Hubo hechos importantes como recuperar la libertad de expresión y el juicio a las juntas, que es estudiado en los manuales de Derecho Político de todo el mundo y tomado como ejemplo. Pero la crisis financiera de fines de los años 80 interrumpió ese proceso. Luego, la reforma constitucional de 1994 (que apoyó el propio radicalismo) acrecentó los defectos ya existentes e hizo descender la calidad institucional. Recuerde que desde entonces sólo un presidente concluyó su mandato. Como consecuencia, bajó la calidad de vida y esto es algo que no siempre se entiende: que cuando se cuenta con instituciones sólidas hay más posibilidades de vivir bien que cuando hay gobernantes hegemónicos. En esto, la sociedad civil tendría que hacer un mea culpa…

¿Por qué?

La dirigencia política es un reflejo amplificado de nuestros defectos. No es algo ajeno a nosotros. Gritamos ¡que se vayan todos! Pero luego, ingenuamente, volvemos a restaurar y depositar nuestra confianza en la misma clase política. Y en vez de hacer nuestros reclamos a través de los medios que nos da la Constitución, recurrimos a la violencia, y eso también debilita a la democracia.

¿Y sus alumnos?

Cuando comencé a enseñar, en 1984, hablaba para un alumnado optimista, con compromiso y expectativas de que algo bueno podía suceder. Actualmente, uno siente el desencanto, el escepticismo, pero también el colapso del sistema educativo. Cada generación tiene sus propios problemas, y en las aulas se sienten de manera particular.

Si la Argentina fuera un enfermo, ¿cuál sería el diagnóstico?

No hubo renovación, tenemos una baja calidad institucional y está destrozado el sistema de partidos. También el federalismo, porque muchas provincias están en manos de sistemas feudales y otras son muy dependientes de la Nación. Las conclusiones del Diálogo Argentino de febrero del 2002 no se cumplieron.

¿Qué habría que hacer?

Trabajar en la reconstrucción de la ciudadanía con una gran campaña de alfabetización cívica. Luego, hacer una reforma constitucional para reconstruir el pacto social que está quebrado. Gran parte de los conflictos que vemos en el país se debe a eso. Y fundamentalmente, eliminar la pobreza extrema porque sin condiciones dignas la democracia es muy difícil.

¿Qué es el posgrado de Derecho en el Arte?

Una propuesta interesante del director del Departamento de Posgrados, el doctor Miguel Ciuro Caldani. Un espacio para la reflexión y la investigación en un tema poco frecuentado. Se creó el año pasado, los profesores son gente del derecho y especialistas en las distintas ramas del arte. Entusiasma lo que estamos logrando.

Entrevista realizada por Luis Aubele para el Diario La Nación, el 20-02-2005

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